martes, 31 de julio de 2007

Campaña electoral guatemalteca considerada entre las más violentas.

Cuando todavía falta más de un mes para los comicios generales en Guatemala, la campaña electoral es considerada hoy como una de las más violentas desde el retorno a la institucionalidad, en 1985.
De acuerdo con la organización civil Mirador Electoral en la presente contienda se han registrado 39 víctimas mortales, lo cual supera la cifra de las elecciones de 2003, cuando 23 figuras políticas fueron asesinadas.
El caso más reciente ocurrió la víspera en Palencia, cerca de esta capital, al ser ultimado a balazos Carlos Enrique Mijangos, hijo del candidato a alcalde del Partido Patriota en ese municipio, Daniel Mijangos.
"En lenguaje militar estar en campaña significa estar en guerra y no me cabe duda de que en la batalla final que se avecina se van a recrudecer los ataques", consideró la analista política Dina Fernández.
Hasta ahora la agrupación más afectada es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 15 víctimas mortales, seguida por el Partido Patriota y la Gran Alianza Nacional, con cuatro cada uno, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con tres.
El candidato a la presidencia por la UNE, Alvaro Colom, declaró a Prensa Latina que al menos 14 de los crímenes registrados contra su partido son responsabilidad de las mafias del narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero.
Según Colom en los días restantes para las elecciones las agresiones serán todavía más fuertes. "Aquí todos estamos jugándonos la vida", dijo.
Varias organizaciones, entre ellas el Mirador Electoral, el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos y la Procuraduría de los Derechos Humanos, coinciden en que detrás de los asesinatos de militantes y sus familiares está el crimen organizado.
En departamentos como Jutiapa, Petén, Alta Verapaz y San Marcos, donde opera el narcotráfico, algunos partidos desistieron de lanzar candidatos por las amenazas y ataques de que han sido víctimas.
Observadores instaron al gobierno a elaborar un plan preventivo durante la campaña y para el 9 de septiembre, cuando cerca de seis millones de personas están convocadas a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente, alcaldes y corporaciones municipales.

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