Bolivianos marchan para respaldar Constituyente y Renta Dignidad

Movimientos sociales y originarios de Bolivia realizarán hoy una gran marcha nacional en defensa de la Asamblea Constituyente y de la renta vitalicia Dignidad de apoyo a la vejez.
Representantes del Pacto de Unidad y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano condenaron las recientes agresiones a los constituyentes en Sucre y la demora en la aprobación en el Senado del referido beneficio a los mayores de 60 años de edad.
Campesinos, indígenas, colonizadores, asalariados, movimientos sin tierra, juntas vecinales y otros sectores sociales marcharán desde la localidad de Caracollo hasta esta ciudad, en respaldo de los cambios democráticos que impulsa el gobierno.
Según los organizadores, la convocatoria obedeció "al intento de sabotear el proceso de la Asamblea Constituyente por parte de intereses que se oponen a los cambios estructurales en el país".
En la declaración que firmaron el pasado sábado patentizaron su firme defensa de la Constituyente, declarándose en movilización nacional, con actos y medidas de presión para garantizar el funcionamiento del foro.
Exigieron además al Senado la inmediata aprobación del proyecto de ley de la renta Dignidad, cuyas dilaciones tienen marcado matiz político, como han denunciado varias personalidades del país.
La accidentada Asamblea Constituyente reiniciará hoy sus sesiones plenarias con el análisis del conflictivo tema "capitalidad", como denominan aquí al reclamo sucreño de todos los poderes estatales.
La comisión de diálogo creada para mediar entre la Asamblea y el Comité Interinstitucional de Chuquisica, impulsor de esta demanda regional, presentará su informe sobre el asunto que fraccionó el foro y lo mantiene suspendido desde agosto último.
Este acuerdo regresa la polémica demanda a los debates internos de la Asamblea, tras meses de enfrentamientos verbales entre los departamentos de Chuquisaca y La Paz por acoger la capital del país.
Sucre, capital histórica de Bolivia, reclama la sede del Poder Ejecutivo y Legislativo, que posee La Paz desde el siglo XIX, y rechazó varias propuestas consideradas favorables y conciliadoras, aún cuando se comprometió con el éxito de la Constituyente.