Circula proyecto resolución contra bloqueo estadounidense a Cuba

Un proyecto de resolución contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba circula hoy entre los 192 países miembros de la ONU, en preparación de una nueva acción de rechazo mundial a esa medida.
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El documento está sustentado en un informe anual del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, que recoge el desacuerdo con esa medida expresado por más de 120 países e instituciones, una cifra record en comparación con los 98 registrados el 2006.
La Asamblea General ha expresado en los últimos 15 años su respaldo a esa resolución, que demanda desde su título la "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".
En la votación registrada al término de los debates sobre este tema a principios de noviembre del año pasado, el proyecto de resolución cubana contra el bloqueo estadounidense recibió el respaldo de 183 naciones.
Estados Unidos quedó en franca minoría con su voto negativo, acompañado sólo por Israel, Islas Marshall y Palau, mientras que Micronesia prefirió abstenerse.
Fuentes diplomáticas cubanas esperan que la resolución recibirá en esta ocasión por 16 años consecutivo otro rotundo respaldo y no se descarta que pudiera marcar una nueva cifra record de votos a favor.
Hasta el momento, el primer intento abierto de Estados Unidos para tratar de desvirtuar el sentido de la resolución cubana tuvo lugar el año pasado cuando logró la colaboración de Australia para introducir una enmienda sobre derechos humanos en la isla.
El proyecto de modificación fue rechazado y la resolución cubana aprobada sin cambio alguno, lo que representó un doble fracaso para Estados Unidos ante la Asamblea General.
El proyecto cubano que circula entre los Estados miembros de la ONU recuerda las declaraciones formuladas por los Jefes de Estado o de Gobierno relativas a la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas económicas y comerciales contra otro Estado.
En ese sentido, censura la aplicación de leyes estadounidenses como la Ley Helms-Burton, cuyos efectos extraterritoriales afectan la soberanía de otros Estados.