Al estilo de una vieja película española, El divorcio que viene, Francia amaneció hoy estremecida por las consecuencias de una huelga de transportistas y la ruptura de la pareja presidencial.
Un hecho pareció vincularse con el otro y hasta el Partido Socialista lanzó un comentario suspicaz, al indicar que se trataba de una extraña coincidencia dar a conocer el divorcio de Nicolás Sarkozy y Cecilia justo en medio del paro.
Lo cierto es que desde el lunes influyentes medios de prensa franceses aseguraron que la pareja había comparecido ante un juez para sellar la separación, mientras la Central General de Trabajadores (CGT) se congratulaba por el efecto de la huelga.
El jefe de Estado francés se marchó a Lisboa para la Cumbre Informal de la Unión Europea (UE), mientras el aluvión de noticias daba casi igual preponderancia a las manifestaciones de rechazo a la reforma del régimen especial de retiros y al divorcio.
Este viernes, pudo corroborar Prensa Latina, el tráfico ferroviario y el del metro en París estaba aún con serios problemas aunque se espera una mejoría en horas de la tarde. El metro funciona a medias al igual que el tranvía y los autobuses.
Sin embargo, no hay servicio en dos líneas de trenes suburbanos en esta capital y sigue la inestabilidad en el tráfico ferroviario nacional. Los accesos a los aeropuertos parisinos afrontan dificultades, con largos embotellamientos de más de 100 kilómetros.
La CGT calificó de extraordinaria la movilización de más de 300 mil personas la víspera, que protestaron en diferentes ciudades del país, una cifra que la policía fijó en la mitad. De todos modos, 73,5 por ciento de los trabajadores del sector se sumaron al paro.
Bernard Thibault, secretario general de la CGT, subrayó hoy que espera mayor comprensión por parte del gobierno y existan mejores márgenes de negociación en los encuentros de la próxima semana con el ministro del Trabajo, Xavier Bertrand.
El punto principal de discordia en la reforma del régimen especial de jubilaciones se refiere al aumento del tiempo de cotizaciones de 37.5 años actualmente a 40, para empleados del sector público de puestos estratégicos o peligrosos.
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